¿Con qué frecuencia usted justificaría participar de barricadas o destrozos como forma de protesta? ¿Provocar incendios en edificios y locales comerciales? ¿Participar en saqueos? La última encuesta CEP, implementada en diciembre de 2019 –en pleno estallido social–, nos revela que para el 80, el 90 y el 92% de la población, respectivamente, la respuesta a estas preguntas es nunca o casi nunca. Suena a una mayoría contundente, pero no lo es tanto si consideramos que basta un puñado de personas dispuestas a usar la violencia para desestabilizar un sistema político. No es poco que cerca de una de cada cinco personas crea que, bajo ciertas circunstancias, más frecuentes que “casi nunca”, se justifica protestar con barricadas o destrozos. Este es el escenario sobre el que cae la violencia de la revuelta de octubre, violencia que inspira a Martín Hopenhayn a levantar un conjunto de preguntas fundamentales para los tiempos que corren, las cuales motivan esta reflexión.
La violencia, especialmente aquella que usa implementos, tales como bencina en una botella, tiene la capacidad de producir daño a destajo, aún más allá de lo intencionado. Sin que estuviera en los planes, alguien puede morir, alguien puede quedar ciego. Por algo decimos que es peligroso jugar con fuego. Como diría Hannah Arendt, la “violencia alberga dentro de sí un elemento de arbitrariedad, en ningún lugar desempeña la Fortuna, la buena o la mala suerte, un papel tan importante dentro de los asuntos humanos como en el campo de batalla”.[1]
El potencial desestabilizador de la violencia se vuelve todavía más potente cuando las fuerzas de orden han perdido la legitimidad para hacerle frente. Si en 2015 Carabineros gozaba de un 57% de confianza, en diciembre de 2019 sólo el 17% de la población decía confiar bastante en ellos (CEP). Un abrupto desplome. Consecuentemente, el 57% cree que nunca o casi nunca se justifica que Carabineros use la fuerza contra un manifestante violento. Es decir, ni siquiera ante la violencia la población justifica que este organismo use la fuerza; fuerza que, se supone, el Estado está llamado a monopolizar precisamente en sus fuerzas de orden. Las causas de la falta de legitimidad de Carabineros para responder a la violencia son poderosas, y vienen tanto de antes como de durante el estallido. Pero el hecho es que, sin legitimidad para combatir la violencia, el efecto desproporcionado, arbitrario, de un puñado de individuos violentos puede ser calamitoso.
Pero el problema no queda ahí. Si miramos, como Hopenhayn, el fenómeno a través de la ventana generacional, encontramos que entre los jóvenes la justificación de la violencia está mucho más extendida. En el grupo menor a 25 años, el 15% considera que siempre o casi siempre se justifica participar de barricadas o destrozos como forma de protesta, el 22% lo considera justificable a veces. Sumando y restando, un mayoritario, pero escueto 53% cree que estas acciones nunca se justifican. Si miramos, en cambio, el grupo mayor de 55 años, sólo el 6% cree que las barricadas y destrozos se justifican siempre o casi siempre, menos de la mitad que entre los jóvenes; para el 77% estas acciones nunca pueden justificarse. Es decir, hay una brecha generacional importante.
Las diferencias etarias en la justificación de la violencia no son un fenómeno nuevo. Los pocos datos que hay revelan que en poco más de una década nuestra sociedad se ha vuelto más tolerante con la violencia, pero que la relativa indolencia juvenil hacia ella ya se observaba en 2008.[2] Tal vez una mayor connivencia con la violencia sea meramente un rasgo propio de la edad, edad marcada por una creciente autonomía no siempre acompañada de la suficiente madurez, y marcada, quizás también, por un exceso de ciertas hormonas.
En cualquier caso, como también planteó Arendt, la esencia de la acción violenta se rige por la pregunta por los medios y los fines y, como la violencia es siempre impredecible, corre el peligro de que su propio fin sea sobrepasado por sus medios, medios a los cuales el fin justifica y necesita.
Si atendemos las razones (a los fines, diría Arendt) que la población atribuye tras las manifestaciones pacíficas post estallido, la encuesta CEP muestra que priman la desigualdad de ingresos, las bajas pensiones, el alto costo de la vida y la mala calidad de la salud y educación públicas. Sólo después vienen los abusos, primero de las empresas, pero seguidos inmediatamente por los del sector público. En el grupo más joven la principal diferencia en las razones atribuidas es que la mala calidad de la salud y educación salta al primer lugar, en empate con la desigualdad. Los abusos, si algo, pierden fuerza entre los jóvenes como explicación de las protestas. No hay brecha generacional si miramos la fracción que considera que las diferencias de ingreso en Chile –la razón más mencionada tras el estallido– son demasiado grandes.
En suma, la protesta no se explica, en la mirada de la gente, de manera muy diferente para los jóvenes, con la excepción de que la mala educación y salud pesan más para ellos. Entonces, usando los conceptos de Arendt, no pareciera que la mayor justificación juvenil de la violencia se explique por una concepción muy diferente sobre sus fines posibles; lo probable, entonces, es que ella surja más bien de una diferente valoración de sus medios.
¿Será que los jóvenes trivializan el fuego, los piedrazos, los destrozos? Tal vez la relativa paz que ha resultado del entramado institucional de las últimas tres décadas (defectuoso, pero institucional, al fin y al cabo) les haya impedido notar que en un mundo donde todos los medios están permitidos, sólo la fuerza vence a la fuerza. La contraposición de fuerzas no es ni igualitaria ni justa, y termina por destruir los proyectos de vida. Contar cabezas puede ser lento y mediocre como agente de cambio, pero, como se ha dicho antes, es, sin duda, mejor que cortarlas.
Citas:
[1] Arendt, H. (1969). “Reflections on Violence”. New York Review of Books.
[2] La encuesta CEP de noviembre de 2008 preguntó por el grado de acuerdo, del 1 al 10, con “que las personas realicen actos violentos para lograr objetivos políticos” y con “que realicen actos violentos durante manifestaciones”. La justificación de la violencia como medio político era entonces, en el agregado, considerablemente menor que hoy: sólo el 2% estuvo de acuerdo (un valor mayor que 6). No obstante, las brechas por edad estaban ya ahí: en el grupo menor de 25 años estuvieron de acuerdo, respectivamente para cada pregunta, cuatro y tres veces más que los que estuvieron de acuerdo en el grupo mayor que 54 años.