Como recuerda nuestro articulista, los términos “izquierda” y “derecha” son ampliamente utilizadas desde hace más de dos siglos y están referidos a las opiniones acerca del orden existente, sea para cambiarlo (izquierda) o defenderlo (derecha). Han sido empleados por los científicos sociales especialmente en el estudio de los partidos, el comportamiento electoral y las policies de los gobiernos. Downs (1957)[1] la definió en relación a las opiniones acerca de la economía en una escala unidimensional de 0 a 100, entre un extremo a la izquierda (0), que significaría apoyar el control total de la economía por el gobierno y otro extremo, la derecha (100), representando las opiniones a favor de un mercado completamente libre, con tonalidades entre ambos polos que indicarían porcentajes de la economía que el encuestado (ciudadano, experto o político) preferiría permaneciera en manos privadas. El ciudadano común también tiene una noción, aunque difusa, de estos términos cuando se le pregunta en las encuestas ubicarse en una escala entre la izquierda (1) y la derecha (10). En el Latinobarómetro 2018, el 82% se situó en ella.
El artículo que comento emplea una definición propia, distinta a la utilizada por la ciencia política y la sociología política: “las etiquetas de izquierda y derecha en el Chile actual responden principalmente a la forma en que contestan la pregunta sobre lo que el dinero puede (o no puede) comprar”. Inspirada en un libro de un destacado filósofo de Harvard[2], es desarrollada desde la filosofía política, aplicándola a algunos ámbitos de la política nacional.
Esta definición no hace posible analizar “las etiquetas” de izquierda y derecha porque fueron formuladas, como se dijo, desde la filosofía política. Recurriré a la definición tradicional en la ciencia política, en torno al sistema económico y al papel del gobierno.
El sistema económico de Chile corresponde a uno de economía de mercado puro, en la tipología de Linz y Stepan (1996)[3]; no es una sociedad económica, la cual, según estos autores, hace posible una democracia estable. Aquel sería incompatible con un orden democrático que se quiere sea estable. Uno de sus principales rasgos en relación a la democracia es la concentración de la riqueza en una pequeña minoría, 1%, “superricos”, que les proporciona poderosos recursos para “comprar” bienes y servicios, también los políticos, y fortalecer su poder. (Hacker y Pierson, 2010; 2010a)[4],
La desigualdad es un tema clásico en la ciencia política, con un hito en el siglo XX con la investigación de Dahl (1961) [5]. Su libro comienza con la siguiente pregunta: “En un sistema político en el cual casi cada adulto puede votar, pero en el que el conocimiento, la riqueza, la posición social, el acceso a la administración y otros recursos están desigualmente distribuidos, ¿quién gobierna realmente?” (p. 1). Y luego agrega: “¿Cómo funciona un sistema “democrático” en el que prevalece la desigualdad de recursos?” (p. 4).
Dahl respondió que las desigualdades no constituían una amenaza para la democracia porque en New Haven (la ciudad examinada en la investigación) no estaban acumuladas, sino que dispersas. Los “superricos” no controlaban la alcaldía; tampoco las organizaciones empresariales, ni los partidos. Además, el sistema político tenía instituciones que limitaban el poder, partidos fuertes y competitivos, poderosos grupos de interés, y una burocracia profesional, independiente del poder político. En pocas palabras, EE.UU. tenía una democracia pluralista.
Engel (2013) mostró que la concentración del ingreso en Chile es superior a la de EE.UU. y los países de Europa occidental. El 1% más rico concentra un 28,7%, muy por encima de los demás países de la base de datos de los economistas T. Piketty y E. Sáez, donde ninguno llega al 20%, siendo 17,4% en EE.UU.; 14% en el Reino Unido, 13,8% en Noruega y menor al 10% en el resto de los países europeos. El 0,1% concentra el 13,7%, superior al de EE.UU. (10,5%) y el 0,01% (unas 1.700 personas) tiene el 6,2%, más alto que EEUU. (4,08%).
La revista Forbes informa que Chile tiene 11 billonarios (quienes tienen un patrimonio de más de un billón de USD), que reúnen 41, 9 billones, que representan 14% del PIB.
Chile sobresale en América Latina con el número y poder económico de los billonarios. Argentina tiene ocho, con una fortuna de 15, 6 billones, que representa solamente el 3% del PIB; Brasil, 42, que reúnen 176, 4% billones, con el 9% del PIB; Colombia, solamente tres, con 18,6 billones, con el 6% del PIB.
La existencia de “superricos” no constituye en sí mismo un problema político; los hay en otras democracias. Sin embargo, lo es en Chile porque las desigualdades están acumuladas y no dispersas, como en EE.UU. Uno de los billonarios es el dos veces presidente de la república Sebastián Piñera, con una fortuna de 2,8 billones de dólares, que corresponde al 0, 94% del PIB. Otro es el presidente de la Sofofa, acompañado en el consejo de este por el líder del principal grupo, Luksic, y altos ejecutivos de las mayores empresas de los grupos. Además, los “superricos” financian los think tank de derecha, destacando el CEP, con un endowment de U$ 42 millones aportado por diez empresarios[6].
Destaca la magnitud de la fortuna del presidente Piñera en Chile en términos relativos, siendo muy superior a la del presidente de EE.UU., el “magnate” Donald Trump. Según Forbes, Trump tiene un patrimonio de 3,1 billones, que representa un 0,02% del PIB. El porcentaje de la fortuna de Piñera en el PIB de EE.UU. significaría aproximadamente 200 billones, muy superior a los 112 billones de Jeff Bezos (el principal superrico), que es el 0,5 % del PIB. El porcentaje del patrimonio de Trump en el PIB de EE.UU., aplicado al de Chile, lo reduciría a 59,6 millones, menor al que poseen varios empresarios que entraron a la política chilena.
También la concentración de la riqueza constituye un problema para la democracia porque no dispone de instituciones para limitar el impacto de la concentración de la riqueza. Las instituciones regulatorias son precarias y actúan en forma reactiva. Los partidos son débiles como organización y en el electorado y durante un cuarto de siglo tuvieron una baja autonomía porque no recibieron financiamiento público, apelando a aportes ilegales de empresas y al patronage del Estado. Una baja autonomía de los partidos es una de las puertas a la corrupción. En segundo lugar, existe una gran asimetría de poder entre poderosas organizaciones empresariales (Sofofa, CPC, CCHC, el 13º grupo económico[7]) y débiles sindicatos, con una mínima capacidad de negociación colectiva. Esto se acentúa porque no cuentan con el respaldo de partidos, como lo tienen en España o Alemania[8]. En tercer lugar, no existe una administración pública (civil service, Verwaltung) fuerte e independiente, lo cual permite al presidente nombrar centenares de personas en los principales puestos de poder ejecutivo, provocando discontinuidad en la gestión de los gobiernos. Last but least, la acumulación de las desigualdades se expresa en los medios de comunicación, especialmente la TV y diarios, reforzando su capacidad de influir en la agenda pública y en la toma de decisiones. En pocas palabras, nuestra democracia no alcanza a ser pluralista en la definición de Dahl.
El aumento de las desigualdades es una preocupación de los estudiosos de la democracia. Inglehart (2016)[9] ha concluido que ellas constituyen un nuevo cleavage, de similar importancia política al que hubo en el siglo XX con el conflicto de clases. Enfrentar las desigualdades en Chile es una exigencia para tener una democracia estable, de calidad y que deje de ser semisoberana (Huneeus, 2014[10]). Para alcanzar este objetivo se requiere un nuevo paradigma, que considere cambios no solo en las instituciones y en la cultura política de las élites, sino también en “el modelo”, para reemplazarlo por una sociedad económica.
[1] Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy. Nueva York: Harpwr & Row Publishers.
[2] Sandel, Michael J. (2012) What Money Can`t Buy. The Moral Limits of Markets. Nueva Yor: Farrar, Straus and Giroux.
[3] Linz, Juan J. y Stepan, Alfred (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: The John Hopkins University Press.
[4] Hacker, Jacob S. y Pierson, Paul (2010). “Winner-Take-All Politics: Public Policy, Political Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States”. Politics & Society. 38(2), pp. 152–204; (2010a). The Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer and Turned its Back on the Middle Class. Nueva York: Simon and Schuster
[5] Dahl, Robert A. (1961). Who governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press ¿Quién gobierna? Democracia y poder en una ciudad norteamericana . (Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010).
[6] http://www.pulso.cl/empresas-mercados/los-diez-empresarios-clave-que-con-us42-millones-financian-la-fundacion-cep/
[7] Ranking de Grupos Económicos 2016, Universidad del Desarrollo.
[8] La CDU posee una influyente organización de trabajadores (los Sozialausschüsse (Comisiones Sociales), con parlamentarios y ministros federales y en los Länder.
[9] Inglehart, Ronald (2016). “Inequality and Modernization. Why Equaliy is Likely to Make a Comeback”. Foreign Affairs. 95, pp. 2-10.
[10] Huneeus, Carlos (2014). La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet. Santiago: Taurus.