Foto Mauricio Olavarria

Comentario de Mauricio Olavarria*

El tema central del ensayo es la “automatización de las decisiones administrativas” y las consecuencias negativas que esto generaría para el bienestar ciudadano. Una precisión acerca de que se entiende por “automatización de las decisiones administrativas” habría sido deseable.

Desde el punto de vista de la teoría de decisiones se pueden distinguir decisiones programadas o rutinarias y decisiones no programadas. Las primeras hacen referencia a situaciones que están previstas en el trabajo diario de las organizaciones (públicas o privadas), y que son aplicadas por funcionarios operativos, como puede ser la selección de alumnos a la universidad, pues los criterios de selección ya han sido establecidos en el diseño del programa, que recoge las consideraciones acerca de cómo resolver las necesidades de distintos tipos de ciudadanos. Sobre aspectos novedosos o no previstos se aplican decisiones no programadas, que son esencialmente políticas, pues implica definir qué juicios, valores y consideraciones se tendrán a la vista para resolver el asunto.

Este modo de actuación busca imprimirle eficacia y eficiencia a la acción de las organizaciones y al Estado, pues si las autoridades superiores deben inmiscuirse en las cuestiones de rutina, el Estado no podría atender las demandas del conjunto de ciudadanos. Autoridades políticas que deben decidir sobre cuestiones no previstas, tecnócratas que diseñan los procedimientos de actuaciones de la administración pública y funcionarios operativos, no son autómatas, sino personas que aplican una racionalidad, basada en el conocimiento disponible, con la finalidad de resolver con efectividad las aspiraciones ciudadanas. En cada caso y nivel hay un raciocinio de quien debe implementar la acción.

Sin prejuicio de ese encuadre conceptual, lo que ocurre, con una frecuencia superior a la que sería deseable, es que hay racionalidades encontradas, intrincadas reglas redactadas por abogados, dificultades en las comunicaciones, falta de competencias e intereses no declarados que pueden llevar a que la implementación de las decisiones alcance resultados no deseados.

La tecnocracia es entendida como la aplicación del avance del conocimiento científico y técnico a la actuación de las organizaciones (públicas y privadas), con la finalidad que estas actúen racionalmente y logren eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus fines. El apoyo del conocimiento experto disponible a un momento determinado para las decisiones políticas es de antigua data. Los líderes de los antiguos imperios se apoyaban en quienes disponían de ese conocimiento para tomar decisiones, es decir en sumos sacerdotes, mandarines y similares.

En el caso chileno, hay evidencia de influencia de conocimiento experto o tecnócrata, como lo llamamos hoy, hacia la década de 1850. Asimismo, hay registros que dan cuenta que la expresión tecnocracia comenzó a usarse hacia fines del siglo XIX en Estados Unidos y que hacia fines de la década de 1910 ya se estaba expandiendo rápidamente. Los tecnócratas son aquellos que aplican el conocimiento experto de alguna disciplina para la solución de un cierto problema sobre el cual se ha decidido intervenir. Así, los tecnócratas se ubican en variados campos, como la economía, la gestión pública, la salud, la agricultura, la educación, por nombrar algunos.

A fines de la década de 1990 surgió el concepto de valor público, que se ha ido expandiendo y precisando desde entonces. Hace referencia a la satisfacción de aspiraciones ciudadanas a través de acciones emprendidas por el Estado, que se dan fuera del mercado. El avance del concepto también ha ido generando mecanismos para identificar el valor que aportan las intervenciones al bienestar ciudadano, como el análisis de política pública, el análisis costo-beneficio y las evaluaciones de impacto de los programas públicos. Junto con ello, han ido surgiendo mecanismos y herramientas que permiten no solo apoyar el proceso de planificación, diseño e implementación de esos programas, sino que también identificar el aporte de los distintos actores involucrados en el proceso, como el marco lógico y el cuadro integral de mando.

En una democracia representativa los gobernantes buscan interpretar las aspiraciones de la mayoría ciudadana y a ello tratan, al menos declaradamente, de orientar el aparato administrativo del Estado. Aunque la literatura da cuenta de que con cierta frecuencia los intereses ciudadanos quedan en segundo plano, en los tiempos que corren los ciudadanos han ido imponiendo mayores mecanismos y adquiriendo mayor conciencia y cultura de control sobre los gobernantes.

 

*Mauricio Olavarría es Director del Centro de Estudios de Gobierno de la U. de Santiago de Chile y Doctor en Políticas Públicas de la U. de Maryland