En junio del presente año la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile publicó DESIGUALES. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile (PNUD, 2017). En la prensa han aparecido diversas lecturas de los datos presentados en esta investigación. Algunas se han centrado en la dimensión cotidiana de la desigualdad, y su estructuración en el trato social, mientras otras lecturas se han centrado en los indicadores que evidencian una disminución de la desigualdad de ingresos en el tiempo.

Sobre esta última tendencia, algunos comentaristas han puesto el foco en tres ‘hechos discursivos’: primero, que aquellos que anunciaron que el modelo neoliberal aumentaría la desigualdad estarían equivocados; segundo, que centrarse en comprender la desigualdad cuando ésta estaría a la baja sería, a lo menos, inconducente, y mejor sería centrar la atención en la productividad o el crecimiento; y por último, que las sensaciones de malestar con la desigualdad estarían atrasadas o desconectadas de la realidad cotidiana dado que estas evaluaciones negativas no corresponderían a la trayectoria positiva del país. El problema sería, entonces, de percepción (o el calce entre la percepción y la trayectoria país), y no de las tendencias objetivas del país. Esta última lectura tiene que hacer frente al hecho que en ciertas áreas de la vida social la percepción de desigualdad –o los sentimientos de injusticia asociado a ella– han aumentado.

Mi intención en este breve texto es mostrar que estas percepciones sobre la desigualdad no están necesariamente desconectadas de la realidad chilena; más bien al contrario, estas responden a las consecuencias que produce una alta concentración de ingresos en áreas de la experiencia social que son altamente sensibles para la población chilena –como son la educación, la salud, y el trato social– así como también a criterios normativos que sirven para evaluar si las diferencias de recursos, materiales y simbólicos, son justas o injustas. Como trasfondo de este ejercicio –que no es ni más ni menos que una síntesis propia de los resultados que ofrece la publicación del PNUD– mi objetivo es mostrar la centralidad del problema de la desigualdad socio-económica, la cual no se reduce a la diferencia de ingresos o salarios, sino más bien al modo en que la sociedad se ordena, produciendo la acumulación de ventajas para unos y desventajas para otros en esferas claves de la vida social.

El texto se ordena en tres partes: en la primera se revisan las cifras sobre la desigualdad de ingresos y concentración de la riqueza en Chile, abarcando en su descripción elementos comparativos e históricos. Luego, se profundiza en la evidencia que muestra cómo la percepción de la desigualdad social ha aumentado, y se reflexiona sobre sus causas. Por último, se muestra cómo la evaluación de la desigualdad no puede ser separada de ciertos criterios normativos. Para hacer el texto más fluido, omitiré una gran cantidad de literatura que discute estos mismos temas, así como las tablas de datos que el lector puede encontrar en la publicación del PNUD.

«Mi intención en este breve texto es mostrar que estas percepciones sobre la desigualdad no están necesariamente desconectadas de la realidad chilena; más bien al contrario, éstas responden a las consecuencias que produce una alta concentración de ingresos en áreas de la experiencia social que son altamente sensibles para la población chilena (…) así como también a criterios normativos que sirven para evaluar si las diferencias de recursos, materiales y simbólicos, son justas o injustas»

1. Desigualdad de ingresos en Chile: una lectura a los datos y sus trayectorias.

A la hora de discutir la desigualdad socio-económica, los indicadores de diferencias de ingresos han sido los más utilizados para medir este fenómeno. Y en Chile tomando cualquiera de estos indicadores (Gini, Palma, razón quintiles) la desigualdad de ingresos ha disminuido. El Gini ha bajado de 0,52 a 0,47 entre 1990 y 2015. La fuente de datos para este caso –y para todos los indicadores nombrados– es la Encuesta de Caracterización Socio-Económica (CASEN), y en esta forma de medición se incluyen los aportes y transferencias del Estado.

Luego, uno pudiese plantearse una serie de interrogantes. Para partir, ¿un índice de Gini del 47,6 es una tasa alta o baja desigualdad? Esto se puede responder al menos de dos maneras. Primero, comparativamente. Desde ese punto de vista, Chile tiene una desigualdad de ingresos muy similar al resto de los países de América Latina, y todos ellos se diferencian de buena parte de los países de la OECD. Y en esto no cabe duda, los países de la OECD –excluyendo Chile y México– tienen notoriamente una desigualdad más baja que los países latinoamericanos (el indicador Gini de los países OECD se mueve entre el 0,2 y el 0,35, y el de los países latinoamericanos entre el 0,4 y el 0,6).

Una segunda manera de discernir el nivel de desigualdad de ingresos es reflejarlo en alguna otra medida de desarrollo social. Aquí un indicador utilizado en DESIGUALES fue el porcentaje de trabajadores con bajas remuneraciones. La medida de bajo se estableció a partir de un salario que no permitiera mantener a una familia promedio fuera de la línea de pobreza. El resultado es claro: 50% de las remuneraciones son bajas. La pobreza medida por ingresos es menor en Chile porque en los hogares hay más de un perceptor de ingresos y porque, además, en las fuentes oficiales se le imputa el valor de la vivienda a los ingresos de los hogares. Pero, considerado por la remuneración de cada trabajador, un 50% gana menos de 334.000 mil pesos mensuales.

Luego, uno se puede preguntar: ¿esta disminución ocurre solo en Chile? La desigualdad de ingresos ha caído en todos los países de la región latinoamericana y es parte de los efectos de lo que se ha denominado el boom de los commodities. En este sentido, la asociación entre la disminución de la brecha de ingresos y el modelo chileno de desarrollo ofrecería una lectura distinta a la propuesta por algunos hasta este momento (a menos que cuando se hable de la modernización liberal chilena se la iguale a la argentina, ecuatoriana o boliviana, lo que pareciera distar de ser el caso). Más bien uno podría proponer que Chile tiene un modelo similar –en sus ejes más estructurales- al resto de los países latinoamericanos (como propone Ben Ross Schneider con su conceptualización de ‘capitalismo jerárquico’).

Por otro lado, en cualquier discusión sobre el modelo de desarrollo es también evidente que Chile ha tenido períodos de su historia donde la desigualdad de ingresos ha disminuido en forma más pronunciada (especialmente en el período entre 1950 y 1975), pero siempre ha vuelto a subir. En términos estructurales e históricos la desigualdad ha sido, sin duda, indeleble.

«A la hora de observar algunos indicadores sobre la percepción de la desigualdad, es bastante claro que la sensación de distancia social y sensación de injusticia ha aumentado».

Ahora bien, ni los patrones estructurales ni históricos parecieran explicar la actual tendencia a la baja. ¿Qué explica entonces la disminución de la desigualdad de ingresos? A grandes rasgos, tres elementos parecieran jugar un rol importante: primero, como en el resto de los países de América Latina, un período de crecimiento donde han aumentado los ingresos de la población y se reduce la pobreza. Segundo, el rol de las políticas públicas y las transferencias del Estado. Como muestra el gráfico a continuación, la desigualdad de ingresos medida antes de las transferencias monetarias realizadas por el Estado, no baja del todo. Más bien, empieza a caer más notoriamente en el año 2008 cuando se hace efectivo el impacto redistributivo de las pensiones solidarias (gráfico 1).

Gráfico 1: Efecto del impuesto a la renta y transferencias sobre el coeficiente de Gini

Fuente: Desiguales (PNUD 2017, p. 323)

Pero esto aún no agota la fuente de explicaciones, porque existe un tercer factor en juego. Los indicadores de desigualdad son relativos a la distancia entre los ingresos de las personas. El hecho de que la desigualdad disminuya no es sólo producto que los ingresos de los grupos más pobres aumenten, sino que los de arriba no aumenten en igual medida. En Chile, en efecto, los ingresos del decil más alto no crecieron tan rápido como en la década de los noventa, y esto se explica en forma sucinta porque hay una mayor oferta de profesionales o personas que lograron salir de la educación terciaria. Al no crecer a igual ritmo la demanda de trabajadores calificados por parte de las empresas, el retorno de la educación decrece en comparación al retorno que recibieron aquellos que obtuvieron educación terciaria en las cohortes anteriores. Esto va en aumento en las nuevas cohortes, quienes ya tendrían claro la alta segmentación del sistema universitario en términos de su calidad (ver al respecto Canales et al. 2016).

Una última pregunta refiere a si existen otras fuentes de información para medir la desigualdad socio-económica. Aquí se pueden realizar tres alcances. Primero, el uso de los indicadores de Gini o similares basados en encuestas de hogares son de uso continuo porque permiten de forma simplificada comparar en el tiempo y entre países. Son formas estandarizadas. Eso no quita el hecho de que la desigualdad socio-económica –ya no sólo pensada como distancias entre ingresos bajos y altos– pueda ser caracterizada según otras fuentes de información. Piénsese en los niveles de segregación y patrones de propiedad, accesos diferenciados al sistema de salud, desigualdad en el acceso a educación de calidad, entre otros. Todos estos fenómenos pueden ser causa o consecuencia de la desigualdad socio-económica, y requieren de indicadores más complejos que la simple distancia de ingresos. Y en términos generales, hay evidencia acumulada que demuestra que la mayoría de los bienes apreciados socialmente (salud, educación, áreas verdes) se encuentran diferenciados socio-económicamente (y aquí también cabe apuntar a la interacción que se produce entre las diferencias de ingresos y las desigualdades territoriales, étnicas o de género). Esto es un antecedente clave a la hora de entender la molestia sobre la desigualdad.

Dicho esto, hay una segunda forma de responder al tema desde otras fuentes de información. Para diversos investigadores –que en parte siguen la tendencia impuesta por Saez y Piketty– la desigualdad refiere primordialmente al tema de concentración de ingresos. Y a la hora de analizar la concentración, las encuestas de hogares no parecieran ser los registros más fidedignos dado que se sub-reportan los ingresos de los hogares más ricos (a lo que se suma la dificultad de preguntar por los ingresos totales de un hogar a un miembro de éste, ya que supone una economía transparente dentro de las familias). Lo que se utiliza entonces son registros tributarios. Según los cálculos del Banco Mundial, que han tenido un acceso confiable a la base de datos del Servicios de Impuestos Internos chileno, el 1% de perceptores de más altos ingresos concentra el 13,9% del total de estos, tomando sus ingresos percibidos, y un 33%, tomando los ingresos devengados de las empresas (utilidades no distribuidas que forman parte del capital de los dueños de las empresas).

Dada la particularidad del sistema tributario chileno, no es posible comparar estas cifras con las de otros países y hasta la fecha no hay estimaciones exactas para saber si esto ha aumentado o disminuido. Lo que sí se sabe es que los activos de las empresas han aumentado enormemente en las últimas décadas: las 20 empresas más grandes han crecido desde los 22 mil millones de dólares en el año 1990, a los 244 mil millones en el año 2015. No es de extrañarse entonces que los ingresos promedios del 0,1% ronden los $111 millones mensuales, con una base de entrada a este grupo de 21 millones pesos mensuales. Y en efecto, con el potente desarrollo de las áreas mineras, servicios, y mercados financieros, sería inconducente pensar que el capital económico no ha aumentado su volumen.

2. Percepciones de distancia social y molestia frente a la desigualdad

A la hora de observar algunos indicadores sobre la percepción de la desigualdad es bastante claro que la sensación de distancia social y de injusticia ha aumentado. Ciertamente no es fácil construir series temporales al respecto, pero hay un conjunto de encuestas desde las cuales observar algunas tendencias.

Por ejemplo, en términos de distancia social, aumenta la opción “muy de acuerdo” con la frase “las diferencias de ingresos en el país son muy grandes” del 42% al 52% entre el 2000 (CEP) y el 2016 (PNUD). Usando otras preguntas similares del “índice de creencias sobre la desigualdad” de Leslie MacCall (2013), se evidencia que en Chile la percepción de inequidad crece. Para el enunciado “está bien que los empresarios obtengan buenas ganancias, ya que al final todos se benefician”, crece la tasa de rechazo de un 38% (ISJP 2006) al 50% (PNUD 2016). En la misma línea, la población percibiría que los altos cargos directivos de empresas ganarían cada vez más, pasando de un sueldo promedio alrededor de 5 millones (CEP, 2000) a otro de 14 millones (COES 2014). Por último, como muestra Nicolás Somma (2015) tomando la World Value Survey, entre el año 1990 y 2011 aumentó en forma sostenida las preferencias sobre el nivel de igualdad (en una escala de 1 al 10, donde 1 era “los ingresos deben ser más igualitarios” y 10 “los ingresos debiesen ser más desiguales”, se redujo la media de 6.0 a 3.5).

Esta primera configuración de datos, no obstante, aún debe ser contrastada con otras maneras de preguntar y otras evidencias al respecto. Por ahora, el tema es si estas evaluaciones cada vez más negativas contradicen las tendencias de reducción de los indicadores Gini o similares. Más allá de que la desigualdad de ingresos sigue siendo alta respecto a otros países, no hay que descartar que las personas tengan como objeto de su evaluación la concentración de ingresos en los grupos superiores; concentración que las encuestas de hogares sub-reportan.

Sobre este último punto cabe recalcar que la desigualdad vivida en las sociedades contemporáneas aparece muy ligada a las configuraciones urbanas. Dado que los grupos más altos se concentren en espacios alejados del resto –y en donde el conjunto de áreas verdes, estructura de los establecimientos educacionales y de servicios de salud sean notoriamente distintos a lo que el resto de las personas observan en sus entornos– es clave en la apreciación de distancia social. Un estudio etnográfico en la ciudad de Santiago evidenció claras prácticas de estigmatización a las personas que transitaban por territorios distintos a los suyos, territorios demarcados simbólicamente por el estatus socio-económico (Araujo, 2016).

Se podría argumentar que el sentido de distancia social no necesariamente emerge como un sentimiento de injusticia. La desigualdad puede ser considerada como una simple diferencia de ingresos, legítima y necesaria por diversas razones. Incluso históricamente, como José Bengoa (2015) lo ha señalado, en Chile se desarrolló una ‘comunidad de desiguales’, estructurada a partir del sistema de hacienda, la cual mostró altos niveles de jerarquización con una no menor dosis de cohesión (a costa, claro, de expulsar todo elemento perturbador hacia los caminos – cuna de las bandas de cuatreros y vagabundaje en la zona central).

De hecho, tanto en la encuesta como en los materiales cualitativos de DESIGUALES aparecía con claridad que diferencias de ingresos son toleradas, si vienen acompañadas de trayectorias que respaldarían el éxito alcanzado (por ejemplo, una doctora que estudio ocho años). Luego mostraré que esto depende de una imagen particular de justicia. Por mientras, cabe decir que las desigualdades de poder y de ingreso no son las desigualdades que más molestan. Más bien, las desigualdades que más irritan son aquellas donde bienes sociales altamente preciados se consideran como injustamente distribuidos. Y esto bienes son: la salud, la educación y el respeto.

En torno a la salud y la educación el problema considerado es efectivamente la distancia social: personas que por tener un ingreso muy superior al resto tienen acceso a la mejor educación y a la mejor salud que la sociedad dispone. Es de suyo evidente para la población que existe un mercado de la educación y la salud, donde aquel que pueda pagar más obtiene el mejor servicio (ya sea medido por ingreso a los mejores colegios que conducen a las mejores universidades, ya sea obteniendo la mayor oferta de especialistas sin espera en el servicio de salud), y el resto –la gran mayoría– está obligado al acceso a servicios de muy baja calidad.

Este fenómeno genera sentimientos de injusticia y estos crecen en el tiempo: como se observa en el gráfico 2, entre el 2000 y el 2016 el desacuerdo con el enunciado “es justo que aquellos que pueden pagar más tengan un acceso a una mejor salud/educación para sus hijos” aumenta de un 52% a un 64% en el caso de la educación y de un 52% a un 68% en el caso de la salud (encuestas CEP y PNUD, respectivamente). Hay que notar que lo que se está juzgando es el resultado de un ordenamiento social tenido por injusto. Por cierto, en los materiales cualitativos no emerge un discurso fuerte de derechos sociales, ni la preferencia por un mecanismo exclusivo privado o público. Los sentimientos de injusticia no tienen por qué conducir a encontrar en ellos las soluciones o las alternativas de cambio social o política pública. Es mucho más simple: las personas observan que hay una educación y una salud para la cúspide social, donde se concentran los reales privilegios. Privilegio no se considera tener un mejor auto, o una casa más grande. Privilegio es tener acceso a tiempo a la mejor salud y la mejor educación, y que el resto se aleje considerablemente de este mundo.

La tercera desigualdad que más molesta es la discriminación o los malos tratos. Desiguales ofrece un capítulo entero sobre la materia y uno pudiese profundizar mucho más al respecto. El problema del trato de hecho no atañe solo a la desigualdad. Tiene que ver con cómo se entiende el respeto, con las reglas de cortesía y convivencia, y cómo ellas se ponen en práctica en cada espacio social. Se relaciona con las interacciones en el plano de la familia, el trabajo, la calle, en el transporte y en los sistemas de salud. Como se observó en la etnografía antes citada, hay espacios como el Metro donde lo que se juega es la propia capacidad física como mecanismo regulador de las interacciones en las horas de mayor uso de este medio de transporte. Dicho esto, es también claro que las personas sienten que son miradas en menos o menoscabadas por su origen social (por su clase, por su vestimenta, por el lugar donde viven). Esta es la razón principal –junto a ser mujer– que las personas declaran a la hora de argumentar por qué han sufrido malos tratos (41% declara haber tenido alguna experiencia de este tipo en la Encuesta PNUD). La sensibilidad frente al trato y al respeto está también supeditado a la consolidación de un principio de dignidad, donde las personas esperan que más allá de la existencia de diferencias de ingresos, exista una igualdad en el trato social. Este último punto conduce a la última parte de este breve ensayo.

Gráfico 2: Porcentaje de la población que está en desacuerdo con la expresión: «Es justo que aquellos que pueden pagar más tengan acceso a una mejor educación/salud para sus hijos»

Fuente: Desiguales (PNUD, 2017: 323)

3. Principios en juego.

En otro lugar he propuesto que los juicios sobre la desigualdad hay que entenderlos desde una triple perspectiva: desde la experiencia cotidiana en la cual se basan, desde las premisas normativas que fundan un modo de observar lo social (el modo como las personas estiman que el mundo funciona o se ordena) y los ideales sociales de justicia por los cuales las personas observan que su experiencia o el modo en cómo funciona o se ordena el mundo es algo justo o injusto (Frei, 2016). En la investigación de Desiguales, se registraron cuatro principios que permiten captar de un modo analítico cómo la experiencia social remite a un modo de entender la sociedad y plantean un ideal de justicia. En esta última sección resumiré brevemente estos cuatro principios, mostrando su centralidad a la hora de entender los juicios sobre la desigualdad en Chile.

Uno de los principios más importantes es la meritocracia. Ésta remite a una experiencia histórica de la inmensa mayoría de los hogares chilenos: haber salido de la pobreza o de un entorno de marginalidad a través del esfuerzo personal. Si la inmensa mayoría de las personas (75%) se ubica subjetivamente cercana a la clase media es menos un hecho estructural (siguen siendo mayoritarias en su conjunto ocupaciones manuales u ocupaciones de baja calificación), sino a la asociación que se produce entre ‘estrato medio’ y el esfuerzo personal detrás de haber dejado un mundo plagado de carencias. Un obrero calificado hoy se entiende ubicado ‘al medio’: ni tan rico ni tan pobre. Más allá de la discusión sociológica al respecto, importa precisar que esa trayectoria ascendente se entiende y se narra desde el esfuerzo personal. Luego, a la hora de describir cómo funciona el mundo, este se entiende desde el esfuerzo: el que trabaja duro, el que estudia con ahínco, tiene un mejor sueldo. Y eso a la vez se desarrolla como un ideal de justicia: aquellos que se esfuerzan más merecen un mejor salario. Por ello, las diferencias de salarios muchas veces se estiman justas, y las diferencias entre el sueldo de un médico y de un cajero de supermercado no son absurdas sino reflejan distintas trayectorias.

Que se imponga el ideal meritocrático tiene tres consecuencias. Por un lado, supone muchas veces que aquellos que se han ‘quedado atrás’ son responsabilizados individualmente por su situación (la pobreza asociada a la flojera y falta de iniciativa). Eso sin duda está registrados en diversas encuestas y estudios. Por otro lado, supone un gran aprecio por la educación, dado que en esta se deposita el mecanismo de legitimación de las posiciones alcanzadas. No fueron pocos los testimonios en las entrevistas realizadas que contaron que el sueldo recibido finalmente había que soportarlo ‘porque uno tiene cuarto medio no más’, e igualmente era fuerte la esperanza en la educación de las nuevas generaciones como movilidad intergeneracional del hogar. Tanto el Estado, las empresas, como los movimientos sociales han depositado su fe en la educación, por lo que esto no debiese extrañar. Pero no es menor el hecho de que si la educación cada vez ofrece menores retornos por el aumento de oferta, hay un potencial fuerte de frustración en las generaciones más jóvenes (a esto claramente contribuye la alta diferenciación de calidad en los institutos terciarios).

Por último, la meritocracia también se vive como una promesa no cumplida y por tanto como crítica social: casi el 80% de la población contestó que en Chile el esfuerzo no era recompensado. Es más, mientras un 90% cree que la clase media se asocia a esfuerzo, solo un 30% pensaba lo mismo de las clases altas. La idea que las clases altas se constituyen a través de redes que se benefician y se intercambian trabajos, donde el estatus se hereda y no se gana, era parte del sentido común de la discusión grupal. El foco por excelencia de esta crítica meritocrática en los materiales cualitativos son los políticos: aquellos que reciben un muy buen salario y luego no se esfuerzan.

Un segundo principio en juego es un concepto de necesidades insatisfechas. Esto es bastante fuerte en los estratos populares (clases bajas o clases medias-bajas), donde se sostenía que el sueldo recibido no alcanzaba a cubrir las necesidades familiares. Una idea de sueldo ideal y justo –alrededor de 500.000 pesos– se imponía en estos grupos y se contrastaba con la experiencia de bajos salarios. La encuesta PNUD reflejaba que el 75% de los trabajadores de estos grupos sostenía que su salario no era el que merecía, y las razones para merecer un mejor salario eran su esfuerzo y las necesidades personales. Aquellos pertenecientes a las clases medias o medias altas apelaban en cambio al esfuerzo y a la educación adquirida.

Un tercer principio es la seguridad. Que la gran mayoría sienta que dejó atrás un tiempo de marginalidad, carencia y pobreza, que la trayectoria personal y del hogar se determine como mejor que el pasado no desmiente que en el entorno social se perciban diversas inseguridades, especialmente asociados a los riesgos de la sociedad moderna: desempleo, enfermedades catastróficas, pensiones bajas, hijos que no logran consolidar una trayectoria educacional y laboral. En muchos de estos casos, los individuos reconocen que el esfuerzo individual no alcanza. Es el paso de ‘me la puedo solo’ a ‘me dejaron solo’. Y es aquí donde el Estado aparece demandado: se le exige mayor participación a la hora de proteger a los individuos de las incertidumbres del sistema y que garantice una buena educación y una buena salud.

En algunas ocasiones se ha querido pensar que el discurso meritocrático o individualista tiene tal peso en Chile que mitigaría o dejaría sin ningún rol al Estado. En este sentido se ha dicho que el gran apoyo a sentencias como “la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro” socavan cualquier otro ideal de justicia. En la encuesta PNUD se preguntó en efecto por esa sentencia y un 93% estaba de acuerdo. Pero un número similar de personas (89%) estaba de acuerdo con esta otra sentencia: “para progresar en la vida se requiere que el Estado garantice buena educación y salud” (Gráfico 3). Si se considera el aumento en la molestia en las desigualdades educativas y de salud, resulta difícil dejar de pensar en la experiencia de desprotección que las personas sienten en sus vidas cotidianas.

Gráfico 3: ¿Individuos vs. Estado?

Individuo: “La mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro”

Estado: “Para progresar en la vida se requiere que el Estado garantice buena educación y salud”

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta PNUD-2016.

Por último, la igualdad en el trato social se constituye como la crítica más consensuada y más fuerte contra las diferencias de salarios. Podrá haber buenos argumentos para que un doctor gane más, pero, en todos los materiales cualitativos se expresaba que no hay ninguna razón para que ese médico pudiese tratar o menoscabar a su paciente por su salario superior. La crítica a la desigualdad es aquí absoluta: no hay matices ni excusas, nadie puede tratar a otro peor por su posición social. Este ideal se contrasta con una serie de experiencias donde el individuo se siente mirado en menos o discriminado por su lugar en el mundo, y esto en la encuesta PNUD, afectaba en igual número a la tercera edad y a los jóvenes.

«¿Es una paradoja que disminuya la desigualdad de ingresos y aumenten los sentimientos de injusticia respecto a la desigualdad? No del todo. Los sentimientos de injusticia nombrados corresponden a áreas centrales de la vida social, donde la desigualdad se vive y se experimenta: la oferta de salud, la calidad educativa y el trato social».

A modo de cierre

¿Es una paradoja que disminuya la desigualdad de ingresos y aumenten los sentimientos de injusticia respecto a la desigualdad? No del todo. Los sentimientos de injusticia nombrados corresponden a áreas centrales de la vida social, donde la desigualdad se vive y se experimenta: la oferta de salud, la calidad educativa y el trato social. Esto va asociado al modo en cómo la sociedad estructura sus instituciones y sus modos de sociabilidad. Es decir, son ejes estructurantes, donde la baja del Gini –especialmente cuando se entienden bien sus causas– no necesariamente afecta, valga la redundancia, su estructuración.

Por cierto, hay esferas de la desigualdad socio-económica que no generan molestia, fenómeno que va de la mano de la trayectoria del país. Todos aquellos logros asociados al esfuerzo –la ruta meritocrática– se perciben generalmente como diferencias justas. La esperanza en la movilidad futura de las hijas e hijos refuerza este relato del esfuerzo individual. No por ello deja de ser evidente que la sociedad percibe distancia con la cúspide social, ya sea porque viven en otros barrios, tienen una educación distinta y una salud privilegiada.

El grado de concentración de ingresos en el tope –subreportado por las encuestas de hogares- ha constituido mundos de vida distintos. Si el cruce entre esos mundos – cuando se encuentran en la calle o en el trabajo – producen formas de menosprecio o discriminación, y todo indica que así es, la percepción de la desigualdad está relacionada con sentimientos de injusticia que rompen con un principio clave de toda sociedad moderna: la dignidad de todas y todos.

Referencias

• Araujo, K.. (2016). La calle y las desigualdades interaccionales. Documentos de Trabajo PNUD-Desigualdad No 6.
• Bengoa, J. (2015). Historia rural de Chile central. Tomo I. La construcción del Valle Central de Chile. Santiago de Chile, Lom.
• Canales, M., Bellei, C., & Orellana, V. (2016). ¿Por qué elegir una escuela privada subvencionada? Sectores medios emergentes y elección de escuela en un sistema de mercado. Estudios Pedagógicos, 42(3), 89-109
• Frei, R. (2016). La economía moral de la desigualdad en Chile: Un modelo para armar. Documentos de Trabajo PNUD-Desigualdad No 8.
• McCall, L. (2013). The Undeserving Rich: American Beliefs about Inequality, Opportunity and Redistribution. New York, Cambridge University Press.
• PNUD (2017). Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago, Chile: Uqbar.
• Schneider, B.R. (2013): Hierarchical Capitalism in Latin America: Business, Labor, and the Challenges of Equitable Development. New York, Cambridge University Press.
• Somma, N. (2015): Protestas y conflictos en el Chile contemporáneo: quince tesis para la discusión. Insumo para el proyecto “Nueva gobernabilidad”. IDRC-Tironi & Asociados.